El sistema tributario está compuesto por los principios que lo rigen, por la estructura y naturaleza de los impuestos que lo integran y por las Administraciones tributarias que lo gestionan. En España, los principios están reflejados en el artículo 31 de la Constitución, el impuesto más importante es el IRPF, y la gestión y distribución de lo recaudado la comparten diferentes Administraciones, en base a la normativa vigente en cada momento.
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Si examinamos la evolución del sistema tributario español en los últimos años, vemos que hemos ido a peor y que la situación es de auténtico caos, ya que no se cumplen los principios reflejados en el artículo 31 de la Constitución; el principal impuesto directo, el IRPF, se ha convertido en un impuesto sobre las nóminas; la gestión es compartida por diferentes Administraciones tributarias, pero algunas hacen a menudo propuestas que, de llevarse a cabo, harían saltar el sistema por los aires. Tampoco se ha logrado que todos los ciudadanos contribuyan, por el enorme fraude fiscal existente. Además, existen una falta de estabilidad normativa, pese a la promesa de todos los Gobiernos de simplificarla.
De los impuestos, a modo ilustrativo, hay que destacar, la situación del impuesto sobre sociedades y su brutal pérdida de recaudación: de 44.000 millones de euros en 2007 a unos 16.000 millones en 2011. Pero la crisis ha pasado y la recaudación no se recupera, ya que en 2017 solo fue de 23.000 millones. El hecho de que no se pongan de acuerdo Gobierno y empresas respecto del tipo medio del impuesto que pagan las grandes empresas añade aún más incertidumbre a este impuesto —Según Hacienda pagaron un 6,14% en 2016 y según la CEOE tributaron a un tipo del 19,02%—, una magnitud que convendría aclarar, dada la repercusión que puede tener en la recaudación de una de las medidas estrella del Gobierno, la de aplicar un tipo mínimo de tributación del 15%.
En relación a la cesta de impuestos, partidos políticos y sucesivos Gobiernos coinciden en que hay que reformar el sistema de financiación autonómica, regulado por una ley de 2009. En la futura reforma hay que concretar qué se hace con el galimatías que supone la aplicación del impuesto sobre sucesiones, ya que los herederos van a pagar mucho, poco o nada, dependiendo de la residencia del difunto, y eso que es un impuesto estatal. El impuesto sobre el Patrimonio, también estatal, no tiene nada que envidiarle, al ser un impuesto zombi que se suprimió en el año 2008, revivió en 2011 y se va prorrogando cada año. Nadie sabe qué va a pasar con él y si el Estado va a seguir recaudando los 1.000 millones de euros anuales que pagan las 190.000 grandes fortunas que lo declaran. A todo lo anterior, añadamos la polémica respecto de la recaudación que van a tener los nuevos impuestos que pretende crear el Gobierno sobre las transacciones económicas y el que grava determinados servicios digitales.
Existe un aspecto crucial en la reforma del sistema de financiación y es la distribución de las cuotas recaudadas. Es difícil saber cual es la solución oyendo a las comunidades autónomas. Sería como repartir una tarta en una fiesta de cumpleaños de un niño, con 17 invitados a los que tienes que atender. Unos diciendo que la última vez comieron menos de lo que les tocaba, y por eso tienen una deuda histórica; otros que han colaborado más en la adquisición de la tarta porque son más ricos y, por tanto, tienen que comer más; otros que siempre han comido más de lo que les correspondía porque tienen un cupo, pero nadie se atreve a decirlo, a pesar de que todos lo saben. Si dejamos que la fiesta de cumpleaños siga su curso, sin hacer nada, se sabe a ciencia cierta que la fiesta no acabará bien.
No olvidemos las irresponsables peticiones de algunos políticos que buscan trocear la gestión de los impuestos, solo para ampliar parcelas de poder, en contra de la eficacia demostrada en este sentido por la Agencia Tributaria.
Para concluir, no hay nada más desesperante para los ciudadanos que se reconozca la existencia de un problema, el de nuestro sistema tributario, y que los sucesivos Gobiernos no quieran o no sean capaces de solucionarlo, porque para los políticos siempre priman otros intereses.
José María Peláez es Inspector de Hacienda del Estado
Fuente: El País