Las empresas de vehículos de alquiler con conductor (VTC) firmaron este miércoles con el sindicato UGT un acuerdo de intenciones para mejorar la calidad del empleo de los conductores de este sector. Además de Unauto, la asociación mayoritaria en España, rubricó el texto Cabify, una de las plataformas tecnológicas que intermedia entre las empresas propietarias de los coches y los usuarios.

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El documento es solo “un documento de trabajo” y no está previsto por ahora negociar un convenio sectorial, aseguró Miguel Ángel Cilleros, secretario general de la federación de Servicios para la Movilidad y el Consumo de UGT, ante las preguntas de los periodistas acerca de la concreción de ese acuerdo.

El acuerdo se firma en un momento muy complicado para el sector del transporte urbano, con las empresas de VTC en vilo ante la aprobación, el próximo día 28, de un decreto ley que traspasará la regulación de las licencias a las comunidades autónomas y a los ayuntamientos. «Las VTC y el taxi son distintos medios de movilidad en el ámbito urbano y deben tener la misma fuente de regulación», aseguró ayer en Berlín el ministro de Fomento, José Luis Ábalos.

Ábalos aprovechó también para recordar que el Gobierno se debe a una «exigencia de legalidad». «Está establecido por ley que tiene que haber una VTC por cada 30 taxis. Eso es un hecho legal y a veces parece que se olvida», insistió. El sector del taxi también quiere que se respete la ratio 1/30, pero la realidad va por otro lado. Actualmente, según los últimos datos del Ministerio de Fomento, hay una VTC por cada seis taxis.

El Tribunal Supremo está concediendo licencias resultantes de solicitudes anteriores a que el límite 1/30 entrase en vigor en 2015. El Alto Tribunal considera que a esas solicitudes se les debe aplicar la ley existente cuando se presentaron, es decir, sin aplicar la ratio 1/30 de forma retroactiva. En ciudades como Madrid ya hay tres licencias por cada taxi.

El acuerdo firmado entre las VTC y UGT asegura que comparten «la preocupación por la incertidumbre regulatoria en la que se encuentra el sector» y por «el impacto negativo» que podría tener que las competencias se distribuyeran entre las diferentes comunidades autónomas. El documento asegura también que esa «heterogeneidad» sería «un gran hándicap» para los derechos de los trabajadores.

Fuente: El País