Una veintena de países de la Unión Europea, entre ellos España, han puesto en venta la residencia, e incluso la ciudadanía, como fórmula para atraer inversión o aumentar las arcas públicas. La extensión de esa práctica, sin embargo, inquieta a Bruselas, que advierte de los “graves riesgos de seguridad” que entraña esa zona gris por la que extranjeros adinerados pueden hacerse con la ciudadanía europea y acceder libremente al mercado único. Tras un primer informe que detecta peligros de blanqueo de capitales o evasión fiscal en la concesión de los llamados pasaportes o visados de oro, la Comisión creará un grupo de expertos para asegurarse de que esos sistemas cumplen con la ley comunitaria. “No dudaremos en actuar si es necesario”, ha advertido el comisario de Migraciones, Asuntos Internos y Ciudadanía, Dimitris Avramoupolos.

El documento elaborado por la Comisión Europea distingue dos grupos de países: los tres que venden la ciudadanía (Bulgaria, Chipre y Malta) y los que permiten acceder a la residencia tras una inversión, que forman un grupo de 20 estados. Bruselas expresa una principal preocupación por los primeros, pero entre los segundos hay también algunos que han encendido las alarmas en el ejecutivo comunitario. Se trata de los que ofrecen una residencia a largo plazo y, por lo tanto, abren la puerta a la obtención de la ciudadanía europea.

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Avramoupolos afirmó que “no existe ninguna preocupación especial con España” a pesar de que un informe de Transparencia Internacional lo señala como el socio de la UE que más visados de oro ha concedido. En total, ha dado 24.095, según los últimos datos oficiales. Pero además, el régimen de obtención de los visados de oro en España encaja con la puerta trasera para hacerse con la ciudadanía que suscita recelos en Bruselas. A pesar de que su concesión es válida durante un año, esta se va renovando por periodo de dos años siempre que la inversión se mantenga. “En el momento en el que un país vende su ciudadanía, está vendiendo la ciudadanía de la Unión Europea, que no es de su propiedad”, sostuvo la comisaria de Justicia, Vera Jourová.

Falta de transparencia

La Comisión Europea desaprueba la venta de ciudadanías nacionales porque supone automáticamente el acceso al estatus de ciudadano europeo. Y eso supone libertad de movimientos en los países Schengen, acceso al mercado interior y el derecho a voto en elecciones europeas y locales. En concreto, en los tres estados que prevén esa práctica se detectan cuatro preocupaciones: los controles de seguridad, el riesgo de que se use para blanquear capitales, la evasión fiscal –algunos países no tienen acuerdos de intercambio de información tributaria con estados de fuera de la UE— y transparencia. En plata: Bruselas teme que el dinero baste para saltarse los controles que implica Schengen y las restricciones a países terceros del mercado único.

Sin embargo, Bruselas también advierte a los países que ofrecen permisos de residencia a cambio de inversiones inmobiliarias o compras de deuda al considerar que esas concesiones suponen “un riesgo igualmente grave para los países miembros y la Unión Europea en conjunto”. El visado de oro se concede en 20 países: Bulgaria, República Checa, Estonia, Irlanda, Grecia, España, Francia, Croacia, Italia, Chipre, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Holanda, Polonia, Portugal, Rumania, Eslovaquia y Reino Unido.

La Comisión se queja sobre todo de la falta de transparencia. “Desconocemos el número de total de permisos de residencia que se han dado”, lamentó Avramoupolos, que hizo un llamamiento a todos los países miembros para que “asuman” los abusos a las normas comunitarias que podría haber detrás de la obtención de esos visados.

El ejecutivo comunitario creará un comité de expertos de los países miembros que antes de año deberá tener elaborado un informe sobre cómo se están articulando esos mecanismos que permiten acceder a la residencia. En concreto, ese grupo deberá crear un sistema de intercambio de información entre estados y desarrollar un mecanismo común para ejercer los controles de seguridad necesarios sobre esas concesiones.

Fuente: El País