El consejero delegado de BBVA, Carlos Torres Vila, ha reconocido cierta ralentización en la venta de hipotecas en el banco tras el fallo del Tribunal Supremo sobre quién debe pagar el impuesto de actos jurídicos documentados (AJD) del pasado 18 de octubre. La tónica desde entonces “ha sido de normalidad, aunque algunos clientes prefieren esperar al día 5 de noviembre (cuando el Supremo explicará el criterio de la sentencia)”.
El número dos de BBVA no quiso precisar si el banco iba o no a subir el precio de las hipotecas, aunque de su respuesta se puede entender que lo hará en función del fallo final del Supremo. “Nos adaptaremos en el mundo hipotecario en función de lo que establezca la sentencia”, declaró en una rueda de prensa online.
El directivo, como ya lo hicieran sus colegas en sus respectivas presentaciones de resultados del tercer trimestre, negó que la banca tenga que hacerse cargo de una posible retroactividad del impuesto AJD si finalmente, y como todo apunta, es a partir de ahora el banco quien debe asumir este coste. “No se podrá exigir a la banca que asuma su coste con efectos retroactivos. Sería inédito (.) No tenemos precedentes en países de nuestro entorno», defendió Torres durante la presentación de resultados de enero a septiembre, cuando el grupo ganó 4.323 millones de euros, un 25,3% más, pese a la depreciación de las divisas, la ralentización del negocio en Turquía por , el impacto de la hiperinflación en Argentina y tras la venta de su filial en Chile. E insistió en que la banca ha cumplido con la legislación vigente desde hace 23 años. «Lo que no se puede hacer es aplicar un cambio a hechos pasados», añadió.
El consejero delegado y próximo presidente del grupo recalcó la apuesta del banco por Turquía, pese a la ralentización de su economía. “Estamos cómodos. Es una apuesta estratégica. Garanti es un gran banco, y se está viendo en estos momentos difíciles”, explicó, para añadir “en Turquía se están tomando medidas, y se ve como lo peor ya ha psado”. Pese a ello, reconoce que se está produciendo una desaceleración importante en la petición de créditos, que se mantendrá en el cuatro trimestre.
Torres se mostró contrario al impuesto sobre las transacciones financieras con el que el Gobierno espera recaudar 850 millones de euros al año. A su juicio, no se debería afectar a una «parte tan importante de la actividad como son las transacciones financieras», ya que son «facilitadores» de la economía, y en este sentido reclamó al Ejecutivo que «trabaje en coordinación con otros países» si apuesta por su aplicación para evitar que su fijación solo en España provoque una fuga fiscal de la operativa hacia países sin esta tributación.
Torres dejó la puerta abierta a que Francisco González sea nombrado presidente de honor del grupo cuando abandone sus cargos con el arranque de 2019, si él lo desea.
«A mí me encantaría que lo fuera, pero tiene que querer», indicó durante la presentación de resultados del grupo, donde recordó que ha sido el mismo González el que ha dicho que no mantendrá ningún cargo «ni en la entidad ni en la fundación». «Ha dicho: ‘si me voy me voy'», recordó Torres.
El banquero calificó de «bastante ejemplar» tal renuncia en la medida que implica que «no quiere seguir influyendo en la marcha» del grupo, y justificó que el traspaso de poderes lo anticipe para que la nueva cúpula empiece la gestión con un ejercicio completo.
González dejará sus responsabilidades el 31 de diciembre pese a que podía haber continuado hasta que cumpla los 75 años fijados en Estatutos como edad obligatoria para la jubilación, en octubre de 2019.
Fuente: Cinco Días