BBVA advierte al regulador del mercado de Estados Unidos (SEC por sus siglas en inglés) de los riesgos por su implicación en el escándalo de escuchas ilegales por parte del excomisario José Manuel Villarejo. En el informe anual (20F) que el banco ha enviado a organismo de los mercados estadounidenses, la entidad reconoce que ha iniciado una investigación «sobre las denuncias de actividad indebida relacionada con nuestra relación con Grupo Cenyt que pueden haber violado nuestras normas éticas y obligaciones de gobierno corporativo». Las acusaciones apuntan a que el banco, bajo la presidencia de Francisco González, pudo haber encargado hace una década al excomisario informes para frustrar el asalto de la constructora Sacyr al capital de la entidad.
En el capítulo de factores de riesgo, cuyo objetivo es advertir a los inversores de posibles escenarios negativos que podrían tener impacto en la entidad, BBVA señala que la investigación sobre lo ocurrido está dirigida por PricewaterhouseCoopers a través del asesor legal del banco, Garrigues, junto con Uría Menéndez. El objetivo de este tipo de advertencias es proteger al banco frente a posibles demandas legales.
Ante el desafío reputacional que han supuesto las noticias relacionadas con Villarejo, BBVA forzó hace unos días la salida de Francisco González como presidente de honor de la entidad y de la fundación. Con todo, la acción de BBVA no se ha visto afectada y en lo que va de año, avanza casi un 10% y es el mejor banco del Ibex desde enero.
«Las autoridades gubernamentales también están investigando este asunto», añade el informe anual de BBVA. «Estamos llevando a cabo esta investigación para proteger los intereses del grupo y estamos cooperando con las autoridades gubernamentales y con los supervisores». Como ya ha reconocido varias veces, «no es posible en este momento predecir el alcance o la duración de la investigación» ni sus «posibles resultados».
BBVA reconoce que el incumplimiento «real o percibido» de los principios éticos u obligaciones regulatorias del grupo «podría dañar nuestra reputación, someternos a una investigación adicional por parte del regulador». De lo contrario, advierte, podría afectar negativamente «el negocio, la situación financiera y los resultados del grupo».
Fuente: Cinco Días