La Generalitat Catalana y el Área Metropolitana de Barcelona (AMB) ultiman la aprobación de un decreto ley y un reglamento que lo desarrolle para regular las actividades de los vehículos de alquiler con conductor (VTC). Si finalmente los textos se aprueban tal y como están previstos la nueva normativa podrían asestar un golpe mortal al negocio de Uber y Cabify en territorio catalán, según señalan distintas fuentes conocedoras de las conversaciones mantenidas entre portavoces del sector del taxi, de los VTC y los técnicos de ambas instituciones catalanas.

Dichas fuentes aseguran a Cinco Días que la nueva legislación que está a punto de aprobarse impondrá fuertes restricciones a los VTC. El punto más duro sería la imposición de un tiempo mínimo de precontratación del servicio. Es decir, los usuarios solo podrían pedir un Uber o un Cabify con horas de antelación. Aunque el gremio del taxi habría pedido a la Generalitat y la AMB que fijara un plazo de 24 horas, parece que finalmente este último organismo, se inclina por establecer un plazo más próximo a las seis horas.

“Este plazo, y en realidad cualquiera que sea superior a media hora, expulsará del mercado a Uber y Cabify, pues quedaría anulada la ventaja que ofrece su plataforma tecnológica. Realmente se volvería a la edad de piedra y no podrían competir con los taxistas”, dicen otras fuentes consultadas.

Según un documento del AMB al que ha tenido acceso este periódico, “hay un compromiso de la Generalitat de aprobar lo antes posible un decreto ley transponiendo a la legislación catalana las nuevas normas en materia de transporte de pasajero y de vehículos de alquiler con conductor, y reconocer la competencia de las administraciones locales y el AMB para regular las actividades de los VTC”. El documento señala que la aprobación definitiva del reglamento que regule los VTC en el ámbito de la AMB tendrá lugar durante el próximo abril.

Igualmente, el texto apunta que los coches VTC tendrán que registrarse en un servicio habilitado por el AMB y que deberán llevar los equipos necesarios para mantenerse conectados con dicho registro para vigilar los servicios contratados. El documento añade que la prestación de servicios sin esa inscripción comportará una infracción tipificada como muy grave.

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El texto también señala que el futuro reglamento determinará las condiciones de prestación de los servicios VTC (horas, días de descanso, tipología de vehículos), garantizará obligaciones en materia de contratación laboral y seguridad social de los conductores, y que reclamará transparencia en las tarifas aplicadas. Un punto que se ha interpretado en el sector como una potencial exigencia a Uber y Cabify de mostrar a la administración su algoritmo de precios para conocer cómo se calculan. “Esto es algo realmente descabellado, porque hablamos de empresas privadas”, dicen las fuentes consultadas.

Otra obligatoriedad que querría implantar la AMB es la de que los VTC regresen a su base después de cada uno de sus servicios. Esta exigencia fue retirada por el Tribunal Supremo en una sentencia en el año 2012, aunque, según fuentes jurídicas consultadas, no fue por «su contenido o fondo» sino porque «carecía de cobertura legal, es decir, por su forma, por lo que no ha sido analizada aún en España su proporcionalidad o adecuación como medida restrictiva». No obstante, en 2015 no se incorporó como requisito al Reglamento de Ordenación de los Transportes Terrestres (ROTT) a instancia de la CNMC.

Los taxistas madrileños endurecerán sus protestas

Los taxistas de Madrid votarán la próxima semana si convocan un paro indefinido, como hicieron el pasado mes de julio y que podría arrancar el 21 de enero. Todo, si la Comunidad de Madrid (CAM) no acomete “de forma inmediata” una regulación del sector de los VTC.

Los taxistas madrileños, que este miércoles se manifestaron por algunas calles de la capital, amenazaron así con colapsar la ciudad durante la Feria Internacional de Turismo (Fitur), que tendrá lugar del 23 al 27 de enero.

Los taxistas lamentaron la “inacción” de la comunidad y dijeron que endurecerán sus protestas. El presidente de la Federación Profesional del Taxi de Madrid, Julio Sánz, indicó su «decepción» con la citada comunidad, que este marte en una reunión se limitó a ofrecer una mesa de trabajo «para hablar periódicamente de la problemática».

Los taxistas criticaron a la CAM, que «considera que no es oportuno acometer nuevos procesos normativos mientras la norma estatal [aprobada el pasado septiembre] no esté totalmente tramitada y definida”. 

Según el Real Decreto Ley que regula las VTC aprobado en el segundo semestre de 2018, las comunidades autónomas y los ayuntamientos son los encargados de legislar en materia de transporte urbano, ámbito donde las VTC desarrollan la mayor parte de su actividad.

En el caso de la Comunidad de Madrid, esta regulación ha de ser aprobada por el Gobierno regional y el Consistorio. Según explicó Sanz, aunque el Ayuntamiento ha mostrado en reiteradas ocasiones su predisposición para regular esta materia dentro de sus competencias actuales, “existe una gran falta de voluntad política y disposición por parte de la Consejería de Transportes, entidad dependiente de la Comunidad de Madrid, para trabajar en esta regulación”.

Fuente: Cinco Días