Acusaciones cruzadas en la instrucción del caso Popular, que investiga las presuntas irregularidades que acabaron con el desplome de la entidad y su posterior venta al Banco Santander por el precio simbólico de un euro.

Emilio Saracho, el que fuera presidente de la entidad en el momento de su quiebra, acusó a su antecesor, Ángel Ron, de ocultar la situación real de la entidad, que tenía, según dijo, más pérdidas de las declaradas. Ron ha disparado el miércoles en dirección contraria. Durante casi cuatro horas de declaración ante el juez José Luis Calama, acusó a Saracho de ser el instrumento de una maniobra externa para quedarse con el banco a bajo precio. 

Ron ha insistido en que todas las decisiones que se tomaron, incluida la ampliación de capital de 2.500 millones en 2016, siguieron la normativa internacional y del Banco de España a rajatabla, según han relatado fuentes jurídicas presentes en la declaración. Saracho le había acusado de quedarse corto en esa cantidad. Ron ha defendido que las tasaciones estaban bien hechas y que contaron con el asesoramiento de expertos internacionales de gran prestigio.

Pero buena parte de su declaración se ha centrado en las maniobras que el inversor mexicano Antonio del Valle y una de las consejeras, Reyes Calderón, pusieron en marcha para tratar de apartarle de la cúpula del Banco Popular. Del Valle, según ha relatado Ron, quería quedarse con la entidad, «pero a bajo precio». Su salida se produjo sin consenso interno y sin transparencia, ha añadido, según las mismas fuentes. En la sesión de este miércoles solo ha preguntado el juez. Mañana continuará el interrogatorio con las preguntas de la Fiscalía Anticorrupción y de su defensa.

Ron ha hablado también del uso de la prensa que hacía Del Valle. Según ha explicado, el inversor llegó a amenazarle con convocar una junta de accionistas y con dar información a la prensa si no aceptaba su relevo. El expresidente de la entidad habló también de la mala relación que acabó teniendo con Saracho y de la tensión creciente que se fue creando entre ellos.

Saracho está acusado de haber forzado la caída del valor de las acciones para vender el Popular por un bajo precio. Los informes de los peritos del Banco de España que trabajan para el juez que investiga la ampliación de capital de 2.500 millones en 2016 y la campaña de desprestigio que precipitó su caída en 2017 aseguran, como dijo Saracho, que el banco necesitaba más provisiones. A Ron se le acusa de no reflejar la situación real de la entidad.

Fuente: El País