Montse es una madre separada, con dos hijas estudiantes, que el pasado lunes fue a la asamblea de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) de Barcelona para agradecer a sus compañeros el apoyo recibido hasta lograr un alquiler de 395 euros al mes. La mujer, echa un mar de lágrimas, detalló todas las iniciativas realizadas para lograr la rebaja de los 1.100 euros que le exigían. Pocos días después en la localidad madrileña de Parla, Patricia, madre de un hijo de 11 años, consiguió paralizar la expulsión de su casa, gracias a un dictamen del Comité de Derechos Económicos y Sociales de Naciones Unidas y el apoyo de sus compañeros de la PAH.
No son hechos aislados. Es la España real que registra centenares de episodios semejantes a diario. Ya vamos por once años crisis y postcrisis y el ritmo de desahucios se mantiene en torno a los 60.000 anuales. Para ser exactos 60.754 en 2017 y 44.313 en los nueve primeros meses del pasado año, según el Consejo General del Poder Judicial. Otros miles de expulsiones silenciosas se producen al margen de los juzgados por subidas imposibles de alquileres.
El próximo día 22 se cumplirá el décimo aniversario de la constitución de la PAH, un movimiento que ha sido la única tabla de salvación para miles de familias. A pesar de sus esfuerzos, el drama por la escasez y carestía de la vivienda sigue ahí. Es fácil imaginar qué habría sido de decenas de miles de personas sin el amparo y el apoyo de las plataformas de la PAH y entidades similares como el Sindicato de Inquilinos y sindicatos de barrio. Sin ellas habríamos asistido a una crisis humanitaria más grave, con más suicidios y daños irreversibles.
Junto a las acciones de ayuda inmediata, como impedir desahucios y proporcionar 2.500 viviendas, las plataformas realizan un trabajo menos visible pero de gran calado. Han puesto la vivienda en el centro del debate social, tomando como referencia el derecho europeo y los pronunciamientos de Naciones Unidas. Las acciones de las plataformas han concienciado a abogados y jueces que han elevado el derecho a la vivienda tras obtener decisivas sentencias del Tribunal de Justicia de la UE. Los impulsos del movimiento se reflejan en la batalla por la limitación de los alquileres en el Congreso o en la exigencia de un 30% de vivienda social en el Ayuntamiento de Barcelona. Los objetivos de la PAH son el referente esencial de derecho a la vivienda. No son utopías.
En su libro En defensa de la vivienda, David Madden y Peter Marcuse demuestran que “el objetivo del derecho universal a la vivienda no es una fantasía sectaria”. Recuerdan que en las constituciones de 69 países, se reconoce que “el Estado tiene la responsabilidad de proveer viviendas adecuadas para la ciudadanía”. No es sólo una reivindicación jurídica. Para estos autores “un auténtico derecho a la vivienda debe adoptar la forma de un esfuerzo continuo por la democratización y desmercantilización de la vivienda”. Es un problema universal, pero en España es explosivo.
Fuente: El País